La multinacional Decameron despide trabajadores, incumple negociaciones colectivas, y el
Estado guarda silencio
Prensa
Sindical Nacional Sinthol|
Quimbaya -Quindío-. Octubre 7 de 2016 13:15 hrs
Trabajadores
Hotel Las Heliconias de Quimbaya protestan por decisión de multinacional
Decameron de no permitirles ingresar a sus puestos de trabajo y poner trabas a
la negociación colectiva.
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El
Estado Social de Derecho que tanto exhortan los políticos tradicionales y los
“nuevos” para feriar el presupuesto en contratos de toda índole, con los que conservan
su base electoral, consagra el Derecho al Trabajo y el Respeto a las
Organizaciones como uno de sus pilares fundamentales y por esto llama la
atención el silencio que guardan ante el maltrato, el desconocimiento y la
indiferencia cuando se violan los derechos laborales de los trabajadores del
Hotel Las Heliconias de Quimbaya.
¿Qué es
lo que sucede en el Hotel Las Heliconias Decameron de Quimbaya, Quindío?
Como una noticia más son
presentados los consabidos despidos colectivos revestidos de arreglos
voluntarios, con los cuales los empleadores eluden las instancias
institucionales y los trabajadores que por muchos años estuvieron
laborando incansablemente y en el momento de presentar su pliego de peticiones
y el derecho al trabajo, finalmente y por la presión ejercida sobre sus
hombros, salen firmando actas de “conciliación” en un mal concebido gana-gana
mediante el cual, los primeros evitan largas disputas jurídicas pagando a sus
empleados una suma superior a las indemnizaciones de ley lo cual resulta
atractivo para los asalariados y estos a su vez reciben una mayor suma monetaria
que mejora sus expectativas económicas dependiendo de la llamada “resistencia
para la defensa” que realizan para “evitar los despidos”.
La defensa del trabajo casi
siempre se reduce a la misma argumentación jurídica de épocas pasadas y a la
permanencia en una carpa frente a las instalaciones de la empresa recibiendo
visitas de organizaciones sindicales y uno que otro dirigente político. Esta es
una forma equivocada de entender la defensa del trabajo como principio esencial
del Estado Social de Derecho que termina privilegiando el acuerdo económico
para cada trabajador involucrado en el despido y favoreciendo el interés del
empleador (Fontur y la
Multinacional Decameron ) en disminuir
costos relacionados con el pago de salarios por encima del mínimo legal,
prestaciones extralegales con base en convenciones colectivas de trabajo,
impuestos locales, de renta y patrimonio. Y así han acabado un capítulo más de
contratos de trabajo decente y por ende la muerte de la legítima organización
de los trabajadores como lo es el sindicato.
El colectivo, la sociedad en
general y sus dirigentes en particular debieran estar alarmados y preocupados
con dichas prácticas antisindicales no sólo en Quimbaya, sino en todos los
demás departamentos de Colombia, pues no solo agravan los problemas sociales,
sino que también incide en la proliferación de tasas de desempleo e
informalidad en el país y por ende generando mayor desigualdad social, que es
uno de los mayores generadores de la violencia en nuestro país.
El Estado Social de Derecho que
tanto invocan los políticos tradicionales y los “nuevos” para feriar el
presupuesto en contratos de toda índole que justifican como “inversión social”,
con los que mantienen su base electoral, consagra el trabajo como uno de sus pilares
fundamentales y por esto llama la atención el silencio que guardan ante el
despido de trabajadores afiliados al sindicato y el traslado obligado a una
reducida oficina para hacerlos aburrir y luego hacerles el llamado chantaje.
Esta posición de no comprometerse
tiene que ver en primer lugar, con el hecho de que la ciudad se fundamenta en
la economía de servicios impuesta en los últimos quinquenios, la cual la
dirigencia se niega a modificar y en segundo lugar, con los tratados de libre
comercio mal concebidos por los funcionarios que participaron en su
estructuración y firma. De no corregirse los errores, El Estado y las
Multinacionales repetirán la historia.
¿Para que son los poderes
políticos entonces?
Gobernadores (as), alcaldes
(alcaldesas), concejales, diputados y todos los que han sido elegido y que se
harán elegir o reelegir en un futuro tienen una responsabilidad mayor en la que
a través del Estado se debe implementar, estructurar, desarrollar y ejecutar
acciones y programas que garanticen los derechos políticos de las
organizaciones sindicales, cívicas, populares, y en forma efectiva, el trabajo,
el bienestar general, salud, educación, servicios públicos, vivienda de buena
calidad no solo para los sectores de estratos 1 y 2 sino también
para las clases medias de la población, sin distinciones por
género, edad, raza, convicciones religiosas, políticas, ideológicas,
única manera de hacer realidad la inclusión y la convivencia las que se reducen
a palabras atractivas para los ciudadanos en épocas de campaña pero que no se
concretan en políticas de gobierno.
Algunos sectores sociales
pretenden enfrentar el desempleo promoviendo la informalidad o rebusque sobre
la base de formalizar los vendedores ambulantes, que no es otra cosa que
ponerlos a pagar impuestos y seguridad social en salud y pensiones dando la
apariencia de que los índices de trabajo aumentan y con ello se mejora la
calidad de vida porque ingresan al régimen contributivo.
Recientemente se dio a conocer el
resultado de una encuesta entre estos trabajadores que los presenta como
satisfechos con su trabajo, con ingresos mensuales superiores al salario mínimo
legal y generadores de empleo, no obstante que el 69% están en el régimen
subsidiado en salud y de esta manera fácilmente se lleva a concluir que no debe
cambiarse el modelo de economía basada en los servicios. Sin embargo, no dicen
cuánto le cuesta al Estado los subsidios que debe otorgar porque el ingreso
mensual así sea superior al salario mínimo legal no es suficiente para pagar aportes
a salud y pensiones, ni se dice que laboran más de ocho horas diarias sin
prestaciones sociales y que el rebusque en ningún caso mejora la calidad de
vida.
El municipio de Quimbaya, que
es eje turístico del occidente del Quindío en Colombia debería
incentivar la industrialización promoviendo la creación de empresas,
incentivando el contrato de trabajo decente y el respeto y cumplimiento de los
derechos adquiridos por la clase trabajadora, la misma que tiene asiento en el
municipio. Pero lastimosamente los representantes políticos de la región continúan
alejados de la realidad y de las verdaderas necesidades de los quimbayunos, ahondando
los problemas sociales y aumentando la inequidad y con ello la pobreza.
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