A “cuenta gotas” el Ministerio de
Trabajo viene aplicando sanciones a las empresas contra las cuales se han
puesto querellas: 151 en total en los últimos dos años, 106 de ellas por
tercerización laboral ilegal y 145 por imposición de pactos colectivos y planes
de beneficios; querellas que fueron presentadas por las directivas de la CUT y
la CTC, con asesoría de los CAL. Además, como producto de una capacitación que
brindó a los sindicatos la Consejería Técnica de la OIT.
A esta fecha, de las querellas por
tercerización ilegal el Ministerio solo ha resuelto 3 con sanción para los
responsables, la primera en junio pasado y las otras dos en el último mes.
Afectan a dos entidades hospitalarias y dos multinacionales carboníferas,
sectores estos caracterizados por hacer una intensiva intermediación laboral. Y
también afectan a las 4 empresas contratistas de trabajadores que se prestaron
para hacer la tercerización ilegal.
Son ellas: Clínica Marly y Ocupar
Temporal SA, ambas de Bogotá, cada una con multas de $3.185.259; el Hospital
Universitario del Caribe, de Cartagena, y la Temporal Konekca, con mutas por
$68´945.400 y $689´454.000 respectivamente; la Drummond y Carbones El Cerrejón,
y las contratistas de ambas Gecolsa y Dimantec, con multa de $2.069.000
millones cada una.
En total las multas ascienden a más de
$15 mil millones, que por ley deberán ser canceladas al SENA.
Sin
embargo, según lo manifestado por directivos de los sindicatos querellantes, se
espera que las empresas sancionadas se acojan al Decreto 321 de 2015, que les
permite cambiar la multa que les fue impuesta, por un acuerdo de formalización
laboral para los trabajadores afectados por la tercerización.
La querella contra la Clínica Marly la entabló el sindicato Sintramarly desde abril de 2015, alegando que este centro médico llevaba 20 años contratando trabajadores temporales para actividades permanentes y misionales, lo cual es ilegal. Este hecho lo comprobaron los inspectores del Ministerio de Trabajo que adelantaron la investigación del caso.
Son 800 profesionales, entre médicos,
enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros, etc., vinculados por Ocupar
Temporal SA., la empresa de empleo temporal que le hace la intermediación
laboral a la clínica Marly.
Son profesionales que realizan las
mismas funciones que quienes trabajan de planta pero en condiciones salariales
y laborales precarias. Cada 6 meses, o máximo cada año les renuevan los
contratos, lo cual los deja laboralmente instables y sin posibilidad de
organizarse en sindicato, que es precisamente uno de los objetivos de la
subcontratación.
La abogada Angélica Palacio, directora
del Centro de Atención Laboral Móvil de Bogotá, quien ha asesorado y acompañado
los sindicatos querellantes, dijo que se ha avanzado en conversaciones con la
empresa para iniciar el proceso de formalización gradual de los 800
profesionales tercerizados, ya que de no hacerlo deberá cancelar los $3.185.259
de la multa, al igual que Ocupar Temporal S.A.
Por su parte, Sintramarly espera que
una vez los trabajadores sean formalizados se afilien a esta organización
sindical, y que la empresa les respete ese derecho, pues en las últimas semanas
ha enviado cartas a los trabajadores instándolos a que no se afilien. Este es
un sindicato que lleva 20 años de existencia, pero no ha podido pasar de los 50
afiliados, precisamente por la masiva tercerización que se ha dado en la Clínica Marly.
Esta querella había sido interpuesta por el sindicato Anthoc desde el año 2014, contra el Hospital Universitario del Caribe, que hace parte de la red pública de atención de Cartagena, y contra la empresa Konekta Temporal, que le suministra personal médico y paramédico. Para esta acción legal contó con el respaldo de la CUT Bolívar y del Centro de Atención Laboral de Cartagena.
Y al igual que en la Clínica Marly,
los inspectores del Ministerio que hicieron la investigación encontraron que
los cerca de 400 médicos y paramédicos que laboran en este hospital,
subcontratados por la empresa de empleo temporal, realizan actividades misiones
y permanentes desde hace 10 años, por lo cual deben ser vinculados como
personal de planta, deben formalizarse.
Por lo que el Ministerio de Trabajo
actuó en este caso a favor del sindicato e impuso sendas multas al hospital y
Konekta Temporal. La primera debe pagar $68´945.400 y la segunda $689´454.000.
Estos montos para la directora del CAL
Móvil resultan bajos, o no lo suficientemente altos como para disuadir al
hospital de seguir haciendo subcontratación ilegal. El Ministerio puede multar
hasta con 5 mil salarios mínimos, y en este caso lo hizo solo por 100 salarios
en un caso y 1.000 en el otro.
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